**La gestión de Murer bajo la lupa: denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público**
Un comienzo turbulento: interpelación y denuncia penal
A menos de un año en el cargo, el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, enfrenta una serie de cuestionamientos que han culminado en una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público. A la reciente interpelación por su gestión, se suma ahora esta acusación que pone en duda su compromiso con el cumplimiento de la ley.
Los vecinos que presentaron la denuncia señalan el caso del Camping Correntoso como un ejemplo de la inacción de Murer. A pesar de la orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de revertir la ocupación ilegal por parte de una supuesta comunidad mapuche, el intendente se ha limitado a negociaciones sin resolución, generando descontento en la comunidad.
Bases de la denuncia: incumplimientos graves
La denuncia se basa en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a quienes incumplen deberes públicos, y en los artículos 120 y 22 de la Carta Orgánica de Villa La Angostura, que obligan al intendente a trabajar por el bien común. Los denunciantes acusan a Murer de permitir:
- La ocupación ilegal del Camping Correntoso por personas que se hacen pasar por mapuches.
- El incumplimiento del fallo del TSJ que ordena el desalojo.
- La falta de acciones concretas para resolver el conflicto y proteger el patrimonio público.
- La permisividad hacia el uso de símbolos no oficiales en actos públicos, lo que se considera una falta de respeto a la Constitución y la Carta Orgánica local.
Un primer año de gestión con tropiezos
La interpelación y la denuncia penal son reflejo de un primer año de gestión marcado por los tropiezos. Para los vecinos, la inacción ante el conflicto del Camping Correntoso es solo un ejemplo de una gestión que ignora las obligaciones judiciales y legales, dejando a Villa La Angostura en una constante incertidumbre.
La denuncia también busca obtener el desalojo de los ocupantes ilegales que están sobre la traza de la circunvalación, evitando que las obras no puedan terminarse. Los denunciantes demandan una gestión transparente y responsable que cumpla con la ley y proteja los derechos de los vecinos.
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