El Gobierno de Javier Milei implementa un nuevo régimen de contrataciones en el sector público para optimizar recursos y reducir el gasto estatal.
Reforma radical en la gestión de recursos humanos del Estado
Los decretos 1148/2024 y 1149/2024 establecen estrictos requisitos para las designaciones, limitan la duración de los contratos y exigen evaluaciones de competencias para la contratación.
Estas medidas forman parte de un plan de ajuste impulsado por el Ministerio de Desregulación, que busca reducir la estructura del Estado y optimizar el uso de recursos públicos.
Prohibiciones y excepciones en las altas de personal
El Decreto 1148/24 establece que toda alta de personal requerirá tres bajas previas, con el objetivo de reducir la estructura del Estado.
Sin embargo, se han detallado excepciones para sectores estratégicos como la investigación, la educación, el servicio exterior y los cargos ejecutivos y profesionales.
Contratos a plazo fijo y evaluaciones obligatorias
El Decreto 1149/2024 estipula que las contrataciones realizadas a partir del 1° de enero de 2025 no podrán superar los seis meses de duración, con una fecha límite hasta el 30 de junio de 2025.
Además, el personal deberá aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que será obligatoria para todas las jurisdicciones del sector público nacional.
Justificación oficial y alcance de las medidas
El Ejecutivo argumenta que las restricciones responden a la «emergencia pública y los objetivos de esta gestión de gobierno», con el fin de optimizar los recursos y fomentar la eficiencia operativa.
El Gobierno también insta a las empresas y organizaciones con participación estatal mayoritaria a implementar medidas similares, consolidando el ajuste en todas las áreas del sector público.
Impacto y perspectivas
Las medidas implementadas por el Gobierno de Milei pretenden controlar más estrictamente las contrataciones estatales, en línea con su estrategia de reducir el gasto público.
El alcance y el impacto a largo plazo de estas políticas dependerán del cumplimiento por parte de las entidades públicas y de la capacidad del Gobierno para sostener estas restricciones en un contexto económico y político complejo.
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