La innovación tecnológica irrumpe en la escena criminalística: el Registro Nacional de Datos Genéticos revoluciona la investigación de delitos en Argentina.
El nuevo CODIS: un sistema pionero en la identificación genética
El Ministerio de Seguridad de la Nación ha presentado el nuevo Sistema de Implementación del Registro Nacional de Datos Genéticos, un avance revolucionario en la política penal argentina. Este registro, basado en el software CODIS (Combined DNA Index System), unifica bases de datos genéticas de distintas provincias, permitiendo una identificación más precisa y acelerando la resolución de delitos complejos.
El director de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Oscar Soto, destaca que el sistema recolectará «ADN de contacto» en las escenas del crimen, un código digital único que será comparado a través del software. Este ADN no codificante garantiza la privacidad, ya que no revela información como género, edad o etnia, similar al funcionamiento de una huella dactilar.
CODIS, un cambio histórico en la identificación criminal
Fernando Oscar Soto califica el sistema como «revolucionario», comparándolo con la implementación de la identificación por huellas dactilares de Juan Vucetich en 1891. El registro incluirá a imputados y condenados por delitos en todo el país, fortaleciendo la herramienta judicial para esclarecer crímenes.
La incorporación voluntaria y la confianza en el sistema
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pide a los argentinos que incorporen su perfil genético al registro, destacando la importancia de los convenios de adhesión con las provincias para crear un sistema confiable y profesional. «Vamos a lograr que este registro sea una herramienta de confianza para todos», concluye.
El impacto del registro en la política criminal argentina
Este registro forma parte de un paquete de leyes orientadas a reforzar la seguridad pública. Según el secretario de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, se trata de «la prueba del futuro», capaz de esclarecer numerosos casos y acelerar los tiempos judiciales.
El nuevo registro marca un cambio de paradigma en la política criminal del país, fortaleciendo las herramientas del Estado para combatir la criminalidad de manera moderna y eficiente.
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