En un comunicado contundente, Vialidad Nacional informó a la comunidad que la oficina perteneciente al municipio de Río Gallegos, ubicada en el portal de ingreso de Güer Aike, no contaba con autorización legal para realizar cobros a los transportistas y camioneros que ingresaban a la ciudad. La entidad nacional confirmó que se está procediendo al retiro definitivo de esta oficina, que operaba de manera irregular bajo la gestión del intendente kirchnerista Pablo Grasso.
La oficina municipal, instalada fuera del eje urbano y en jurisdicción de Vialidad Nacional, llevaba adelante cobros arbitrarios e ilegales a los camioneros que transitaban por la Ruta Nacional, generando malestar y afectando directamente al sector de transporte. Estos cobros, que nunca fueron autorizados por el organismo nacional, representan una clara violación a las normativas vigentes y exponen el carácter abusivo de la gestión municipal.
Desde Vialidad Nacional aseguraron que no permitirán que ninguna administración local lleve a cabo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores del transporte y violan la jurisdicción de rutas nacionales. Además, remarcaron que el lugar en cuestión no pertenece al municipio de Río Gallegos, y cualquier actividad realizada allí por la gestión de Grasso carece de sustento legal.
El desalojo de esta oficina pone en evidencia una vez más las irregularidades en la administración municipal, que prioriza medidas recaudatorias abusivas por encima de las necesidades reales de los vecinos. Este tipo de acciones, lejos de beneficiar a la comunidad, demuestran el oportunismo político de una gestión que opera al margen de la ley.
Con este operativo, Vialidad Nacional reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normativas y la defensa de los derechos de quienes transitan por las rutas nacionales, dejando un mensaje claro: no hay lugar para las irregularidades ni el abuso de poder en propiedades del Estado Nacional.
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