El equipo de El Diario tuvo acceso al documento oficial NO-2024-139278461-APN-DSCR#DNV, enviado por la Dirección Nacional de Vialidad a la Municipalidad de Río Gallegos, en el que se notifica e intima al intendente Pablo Grasso y su gestión a abstenerse de realizar cualquier intervención en la Autovía 17 de Octubre.

El escrito, firmado por el jefe del 23° Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, señala que el tramo comprendido entre los kilómetros 2604,63 y 2609,65 sigue siendo jurisdicción y propiedad exclusiva del Estado Nacional, ya que el traspaso a la Provincia de Santa Cruz y al municipio no ha sido formalizado. En este marco, Vialidad Nacional advierte que cualquier acto de modificación sobre dicha traza será pasible de acciones legales.

Este comunicado surge a raíz de los anuncios públicos realizados por el intendente kirchnerista y su gabinete, quienes presentaron proyectos para remodelar esta arteria vial pese a carecer de autorización legal. Desde Vialidad Nacional consideran esta maniobra como irresponsable e ilegal, advirtiendo que no han existido instancias de diálogo con la Municipalidad respecto de este tema ni de otros relacionados.

El intento de avanzar unilateralmente en obras sobre la Autovía 17 de Octubre, sin respetar los procedimientos administrativos ni la titularidad vigente, refleja una grave falta de respeto por las normativas vigentes y un uso político de proyectos que deberían priorizar el bienestar de la comunidad.